En 17 de abril, Transparencia Internacional expresó su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno de Brasil de otorgar asilo político a la ex primera dama peruana Nadine Heredia, señalando que dicha medida pone en duda el compromiso del país en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región. Sin embargo, la organización olvidó – o simplemente no quiso contar – sus estrechos vínculos con los fiscales brasileños involucrados en la operación Lava Jato, varios de los cuales enfrentan investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La ONG ha respaldado de manera constante al equipo de fiscales de Lava Jato tanto dentro como fuera de Brasil. Esta cercanía quedó en evidencia tras la publicación de mensajes intercambiados entre el fiscal Deltan Dallagnol y Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. Los mensajes revelan una relación fluida y estratégica, en la que Dallagnol acudía a Brandão para gestionar la imagen pública de la operación y para promoverla mediáticamente.
Transparencia Internacional también tuvo acceso al contrato suscrito entre el grupo de trabajo de Lava Jato y Petrobras para la creación de la fallida Fundación Lava Jato, incluso realizando sugerencias al respecto. Este respaldo institucional no es reciente: en 2016, la ONG otorgó al equipo de fiscales el “Premio Anticorrupción” por haber liderado —según su comunicado— la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil.
No obstante, la sede brasileña de Transparencia Internacional ha recibido fondos provenientes de acuerdos de reparación firmados por los implicados en Lava Jato, lo que ha motivado investigaciones judiciales por presunto mal uso de recursos públicos. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Dias Toffoli, emitió una orden formal para esclarecer estas irregularidades. A raíz de ello, la organización ha intensificado sus críticas hacia el magistrado. De esta forma, la justicia brasileña exige a la ONG Transparencia Internacional transparencia – por paradójico que parezca – del dinero público que recibe.
En ese contexto, el reciente comunicado de Transparencia Internacional cuestionando el asilo a Nadine Heredia parece menos una expresión genuina de preocupación por la corrupción, y más una reacción política orientada a desacreditar a un juez que ha ordenado investigar a sus aliados. Así, la objetividad de la ONG queda en entredicho, al priorizar la defensa del desacreditado equipo Lava Jato por encima de una evaluación imparcial de los hechos.
São Paulo, 20 de abril de 2025.
Deixe um comentário
Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados com *